Parlamentarismo de parodia | Jaime Tagle D., director de Formación de ChileSiempre en Controversia.cl

Que los países pasen por situaciones complejas es algo normal y no debería alarmar o desanimar a los ciudadanos. La crisis se desencadena una vez que los sistemas políticos demuestran una incapacidad para abordar dichas complejidades. Eso es lo que ha ocurrido en Chile lamentablemente. Los poderes y órganos del Estado no han estado a la altura. Y uno de los elementos que más ha precipitado la inestabilidad es el renovado conflicto entre el poder ejecutivo y el legislativo.

El conflicto entre la Presidencia y el Congreso es por supuesto algo recurrente en la historia de nuestro país. Es más, quienes concibieron la idea de separación de poderes suponían que dichos conflictos se debían dar para generar contrapesos que limitaran el ejercicio de la potestad política. El problema se produce cuando la tensión y contrapeso entre ambas funciones del Estado implica la paralización o obstrucción del gobierno mismo.

Mucho se habla en la academia de los problemas del presidencialismo “reforzado” de la carta fundamental de 1980, aunque pareciera que en los últimos meses la cuestión ha cambiado radicalmente. El Congreso se ha dedicado a violar sistemáticamente la Constitución y a abusar de sus mecanismos de fiscalización para obstruir el trabajo del gobierno, como es el caso de las acusaciones constitucionales, transformadas en juicios políticos. Algunos congresistas, con honestidad, reconocen que el Presidente debe asumir que estamos ante un “parlamentarismo de facto” donde debe abdicar a ejercer sus facultades de gobierno.

El diccionario de la RAE define parodia como “imitación burlesca”. Pareciera ser más sensato hablar en ese sentido de un parlamentarismo de parodia antes que de que de uno facto. En Chile está claro que el sistema político ha mutado de facto hacia un dominio del Congreso sobre el Presidente, que se encuentra paralizado, pero por la poca seriedad y actitud agresiva de los congresistas. Por lo mismo, y por respeto a los sistemas parlamentarios, cabría hacer algunos comentarios.

Los regímenes de gobierno no son cuestión de principios. O al menos, para un defensor de una sociedad justa y libre, el punto no reside en abanderarse absolutamente con un presidencialismo o un parlamentarismo. La justificación de cada cual se sostiene más bien en el peso de tradiciones políticas o de técnica constitucional. En Chile, por su constitución histórica, la tendencia se inclina hacia el predominio del Ejecutivo, sin distinguir entre sectores políticos. Incluso, durante la llamada República Parlamentaria, parte importante de los promotores de dicho régimen eran conservadores que mantenían su admiración por Diego Portales. Lo que es cuestión de principios, para un conservador, es la sujeción del poder político al Derecho, la unidad nacional y el principio de autoridad.

Si el país requiere ajustes en su presidencialismo para adaptarlo a las nuevas condiciones o derechamente debemos avanzar hacia el parlamentarismo es una discusión que permanecerá, incluso después de lo que se defina en la convención constituyente. Lo que no se puede permitir, y ha causado un daño enorme a la institucionalidad, es que el conflicto entre Presidente y Congreso se sustente en la pasividad del primero y en la agresividad inconstitucional del segundo. El Estado de Derecho y la autoridad no se transan y deben permanecer intactas, incluso en tiempos de redefiniciones: de lo contrario, son los chilenos los que sufrirán las consecuencias.