Pobreza en Chile: prioridad política | Tomás Bengolea L., Presidente de ChileSiempre en El Líbero

En las últimas cuatro décadas Chile alcanzó niveles de desarrollo inéditos en su historia, producto de un progreso económico y social sostenido que fue fruto del crecimiento económico permanente y de la aplicación de políticas públicas responsables y focalizadas, y el trabajo de instituciones sólidas e inspiradas en las ideas de la libertad y las oportunidades. Algunas realidades que reflejan este desarrollo son el tremendo avance que hemos tenido en materia de acceso a educación superior (casi un millón y medio de estudiantes), una cobertura escolar de casi el 100%, y una disminución de la pobreza hasta el año 2010.

Sin embargo, en los últimos años las prioridades políticas fueron cambiando, y la vulnerabilidad en la que viven miles de familias chilenas quedaron en el olvido. Mientras los distintos gobiernos insistían en destinar los recursos de todos los chilenos a la creación de más y más ministerios, a lo que se sumaba la contratación de decenas de miles de nuevos funcionarios, el número de viviendas en campamentos aumentó de 27.387 en 2011 a 47.050 en 2019, según el último catastro entregado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Al mismo tiempo, sectores políticos insisten en financiar la educación superior “gratuita”, condenando a las universidades al déficit, empeorando la calidad en la educación y olvidando prioridades sociales más urgentes.

La pandemia del coronavirus nos ha pegado un verdadero “cachetazo” en la cara y ha puesto frente a nuestros ojos el drama de la pobreza, que aún existe en Chile. Las proyecciones de organismos internacionales son alarmantes. Tanto la OCDE como la Cepal han advertido del aumento de la pobreza a causa del desempleo. Así, las últimas cifras indican un nivel de cesantía del 15% en Santiago. Pero no solo son proyecciones: el hacinamiento, el hambre, el miedo a perder ingresos, el fracaso de los emprendimientos, el endeudamiento, la violencia intrafamiliar y la gravedad de la segregación urbana se han vuelto patentes con la cuarentena total. Por lo mismo, la superación de la pobreza debe ser una prioridad política, una urgencia social.

Superar la pobreza y que todos tengan reales posibilidades de desarrollo personal son desafíos que deben comprometer a todos los miembros de la sociedad chilena. El Estado debe colaborar a través de políticas públicas adecuadas, focalizando su gasto en quienes más lo necesitan y colaborando con ellos de manera eficiente y oportuna. A su vez, debemos activar con fuerzas las energías de la sociedad civil, para que el trabajo de cientos de fundaciones, ONG y el compromiso de las empresas contribuya decididamente en la derrota de la pobreza.

Esto requiere de un profundo sentido de solidaridad, que inspire a todos los actores de la vida social. En palabras de Juan Pablo II “implica, en las decisiones económicas, sentir la pobreza ajena como propia, hacer carne de uno mismo la miseria de los marginados y, a la vista de ello, actuar con rigurosa coherencia”. Tampoco podemos olvidar que la superación de la pobreza implica potenciar la creación de riqueza, y eso es, además, promover una serie de virtudes y valores, ya que sin ellas ya no es auténtica solidaridad, sino que mero asistencialismo, como señaló el Papa en ese mismo discurso durante su visita a Chile, al referirse a las causas morales de la prosperidad (Discurso en la Cepal, 1987).

Como se dijo, que la superación de la pobreza vuelva a ser una prioridad política es una urgencia social. Para abordar la compleja realidad social que atraviesa nuestro país debemos abandonar las medidas añejas y fracasadas, como las fijaciones de precios y la estatización de los fondos de pensiones. Debemos abrazar un profundo sentimiento de solidaridad, acompañado de capacidad técnica y creatividad política, que se traduzcan en una profunda reforma el Estado para reducir gasto político y redirigir esos recursos a gasto social efectivo; una potente promoción de la inversión y el emprendimiento por medio de rebajas tributarias y medidas de apoyo a las pymes, para generar más y mejores puestos de trabajos; y el fortalecimiento del tejido social poniendo en el centro de la política a la familia chilena.

En los próximos meses y años, el trabajo de la sociedad civil, de las empresas y del Estado será clave. Se requiere, en definitiva, un compromiso país para volver a poner a las personas que viven en la pobreza en el centro de la acción política, porque, como bien decía San Juan Pablo II, los pobres no pueden esperar.